Por Sandra Bazán Velásquez — Mag. en Ecología y Gestión ambiental, Ingeniera Industrial, Consultora Ambiental y Docente Universitaria
Mirando por la ventana en la zona monumental de Barranco, en Lima, capturé una fotografía que retrata con nitidez el día a día de nuestras ciudades: un poste de concreto con un nudo de varias decenas de líneas superpuestas que saturan la vista del cielo y erosionan el paisaje local. Vino a mi mente el recuerdo de los paseos por cascos históricos de Londres, Barcelona, París y Florencia, donde registré con mi celular una realidad distinta. En esas ciudades el cielo fluye libre, la luz, las arboledas y las fachadas de valor arquitectónico incalculable dialogan directamente con el ciudadano, sin nada que les quite el protagonismo que merecen.
Al comparar esas imágenes surge una pregunta que me parece vale la pena explorar juntos: ¿por qué en Europa el entorno urbano puede estar libre de contaminación visual y en el Perú el proceso avanza a un ritmo diferente, si en gran medida compartimos las mismas grandes operadoras transnacionales de telecomunicaciones? Lo interesante es que la oportunidad de mejora no parece radicar en una limitación tecnológica ni en falta de capital privado, sino en cómo están diseñados los procesos institucionales, la velocidad de los trámites y la gestión del subsuelo. Como bien sostiene la teoría del paisaje urbano, la fisonomía de las calles afecta directamente la percepción espacial y la habitabilidad de nuestras ciudades (Cullen, 2015, obra original publicada en 1961).
Vale aclarar algo desde el inicio: ningún país del mundo ha logrado soterrar el 100% de sus redes. Ni siquiera economías avanzadas como Estados Unidos, España o Japón, donde persisten redes aéreas por la inviabilidad económica de un soterramiento total. En todos los casos se priorizan zonas de alto valor urbano —centros históricos, corredores turísticos, áreas de alta densidad— porque este es, en cualquier parte del mundo, un proceso progresivo y costoso (ASETEL, 2024).
No se trata, entonces, de copiar un modelo idealizado, sino de aprender de cómo otros países priorizan y gestionan ese proceso gradual. Y el soterramiento tampoco es la única vía. En algunas calles de Barcelona, por ejemplo, lo que se observa es un tendido ordenado y de baja densidad, con cables que corren pegados a las fachadas de forma casi imperceptible. Ello sin la sobrecarga de postes que vemos en nuestras ciudades. Es una alternativa intermedia que vale la pena tener presente.
Una ley pensada también para proteger vidas
Detrás de esta conversación sobre estética urbana hay algo que muchas veces pasa desapercibido: el cableado aéreo en mal estado no es solo un problema visual, es un riesgo de seguridad real. Cables descolgados a la altura de peatones y vehículos, postes inclinados por el peso acumulado de líneas que nadie retira, y el riesgo eléctrico que se genera cuando cables de fibra óptica —que no transportan electricidad— entran en contacto con líneas que sí la tienen. Son situaciones que ocurren con más frecuencia de la que pensamos en nuestras calles.
Con ese contexto de fondo, en 2022 se promulgó la Ley N.° 31595, Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país (Congreso de la República del Perú, 2022). Su reglamento llegó en 2024 mediante el Decreto Supremo N.° 007-2024-MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2024), y el plazo inicial para que las empresas completaran esta limpieza venció en 2026.
Vale la pena precisar que la norma distingue dos situaciones distintas, aunque ambas se agrupen bajo un mismo nombre. El cableado en desuso es aquel que, esté o no en buen estado físico, ya no presta ningún servicio ni tiene un uso futuro proyectado: es cable funcionalmente muerto. El cableado en mal estado, en cambio, es aquel que se encuentra roto, quemado, enmarañado o deteriorado, y que por esa condición representa un riesgo para la seguridad de las personas, incluso si todavía está prestando servicio (MTC, 2024). Esta distinción importa porque el primero es, sobre todo, un problema de gestión y orden; el segundo es, ante todo, un problema de seguridad activa.
El reglamento tampoco deja la definición de “problema” librada a la subjetividad: establece criterios técnicos concretos. Según el Artículo 7, una cuadra debe intervenirse cuando se identifica, entre otros criterios, un poste con veinte cables o más concurrentes, un poste inclinado más de cinco grados, o cableado colgante por debajo de los cuatro o cinco metros de altura según el caso (MTC, 2024). Es decir, no es solo una apreciación estética: la norma ya entiende que, pasado cierto umbral, el cableado se vuelve un riesgo medible.
¿Qué se logró desde que esta norma entró en vigencia? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reporta que, tras 921 informes de retiro presentados por las propias empresas, se retiraron 240 toneladas de cable a nivel nacional (MTC, 2026). Es un avance concreto y verificable. Sin embargo, los resultados no son parejos: en Lima Norte, San Martín de Porres reportó 43 toneladas retiradas y Los Olivos unas 18, mientras que la mayoría de regiones del interior del país registra cifras menores, salvo excepciones como Piura con algo más de 10 toneladas (MTC, 2026).
A inicios de 2026, Osinergmin —el organismo que regula la inversión en energía— amplió formalmente el plazo para zonas monumentales y centros históricos hasta el 22 de enero de 2028, mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 005-2026-OS/CD (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [Osinergmin], 2026). La justificación reconoce que obtener permisos en subsuelos con valor histórico es complejo y toma tiempo. Y ese tiempo adicional puede ser, si se aprovecha bien, una oportunidad real.
¿Y qué pasa con los cables que ya se retiraron?
Hay una parte de esta historia que todavía está tomando forma y que me parece importante mirar de cerca: el destino final de los cables ya retirados.
Según información disponible a mediados de 2025, las toneladas acumuladas se encontrarían almacenadas en depósitos corporativos bajo autorizaciones temporales. El cable de cobre tiene un camino claro: existe un mercado de reciclaje metalúrgico consolidado y rentable que lo reabsorbe sin mayores complicaciones. Pero la fibra óptica —ese cable delgado que hoy lleva el internet a nuestras casas— es una historia diferente.
Este material está compuesto por filamentos de vidrio de sílice, fibras de aramida —el mismo material del Kevlar que se usa en los chalecos antibalas— y cubiertas de plástico de alta densidad. Separar esos componentes con métodos convencionales de reciclaje es costoso e ineficiente, ya que el mercado tiende a desestimar polímeros mezclados con microfibras y partículas vítreas (Pickering & Turner, 2021). Aquí es donde entra un concepto que me parece clave para nuestra agenda pública: la economía circular, que busca que los materiales que ya cumplieron su función no terminen como residuo, sino que vuelvan a tener utilidad.
Una alternativa técnicamente viable, y ya aplicada en otros países, es el coprocesamiento en hornos cementeros: los cables se utilizan como combustible alternativo y como materia prima en la producción de cemento, reduciendo residuos y emisiones al mismo tiempo. Lo interesante es que el Perú ya tiene el marco legal para implementarlo —el Decreto Legislativo N.° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, lo permite— y experiencias internacionales recientes respaldan su eficiencia (European Composites Industry Association [EuCIA], 2026; Global Cement and Concrete Association [GCCA], 2026). De hecho, el propio reglamento ya apunta en esta dirección: su Tercera Disposición Complementaria Final establece que las empresas deben priorizar la valorización de los residuos generados por el retiro, dejando la disposición final como última alternativa (MTC, 2024). El marco normativo y el camino técnico ya están alineados; falta llevarlo a la práctica de forma sistemática.
Lo que el modelo europeo nos puede enseñar
Al observar cómo gestionan este desafío países como Francia o España, aparece una práctica que resulta reveladora: la planificación concurrente con infraestructura pasiva compartida, es decir, ductos y galerías subterráneas construidas una sola vez para que todas las empresas de servicios —luz, internet, telefonía— tiendan sus cables juntas, en lugar de abrir la calle por separado cada vez que una empresa lo necesita.
Cuando un municipio europeo renueva una calle, la ley promueve que se instale al mismo tiempo ese ducto único. Cada empresa paga un derecho de uso y listo: no hay excavaciones repetidas, no hay trámites empresa por empresa. Según se desprende de un informe de la consultora Deloitte, citado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, este tipo de modelo podría representar ahorros considerables: más del 80% del costo de tender una red de fibra óptica correspondería a las obras civiles de excavación, mientras que incluir un ducto compartido dentro de un proyecto de renovación vial incrementaría el costo de esa obra solo entre un 1% y un 2% (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones [APC], 2015). Además, los ministerios de cultura validan zonas arqueológicas mediante mapas predictivos a escala regional, en lugar de tramitar permisos calle por calle (Anichini & Gattiglia, 2019). Eso cambia completamente los tiempos.
Vale mencionar también algo que aparece en las inspecciones técnicas de nuestras ciudades: una parte del cableado aéreo corresponde a tendidos informales que operan sin concesión registrada. Si las exigencias se concentran solo en los operadores formales mientras la informalidad sigue creciendo sin control, el alcance real de cualquier esfuerzo de descontaminación se reduce. Ese equilibrio entre exigencia formal y fiscalización de la informalidad es parte del desafío que hay que mirar de frente.
Algunas ideas que me parecen vale la pena conversar
A partir de este análisis, me gustaría compartir tres líneas de acción que podrían facilitar una transición más ordenada:
La primera es incorporar los planes de retiro de cables al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de instrumentos de gestión ambiental corporativos a nivel nacional. Hoy cada proyecto se tramita por separado, lo que multiplica el tiempo, los costos y la carga administrativa para todos los involucrados, incluyendo al propio Estado.
Sobre quién fiscaliza este tema, el propio reglamento ya ofrece una respuesta más matizada de lo que parecía a primera vista. Actualmente, el MTC supervisa el cableado de telecomunicaciones y el OEFA el de electricidad, mientras Osinergmin fiscaliza los aspectos técnicos y de seguridad de la infraestructura eléctrica y Osiptel lo tarifario. Pero el propio reglamento ya contempla, en su Primera Disposición Complementaria Transitoria, que las funciones de fiscalización ambiental del sector telecomunicaciones que hoy ejerce el MTC sean progresivamente transferidas al OEFA (MTC, 2024). Las municipalidades, por su parte, no tienen hoy un rol sancionador en este tema específico, sino uno de supervisión territorial: informar a vecinos, dar información sobre patrimonio cultural y verificar que el retiro se ejecute conforme al Plan de Calles. Es un esquema que ya está en transición, y que probablemente seguirá ajustándose en los próximos años. Vale la pena seguir esa evolución de cerca.
La segunda es activar una política de economía circular para la fibra óptica en desuso, promoviendo el coprocesamiento cementero como alternativa técnica y económicamente viable, alineada con nuestra propia legislación vigente (Decreto Legislativo N.° 1278, 2016).
La tercera es impulsar la co-inversión en infraestructura pasiva compartida, es decir, que los gobiernos locales participen activamente —junto con las empresas— en financiar la construcción de esos ductos durante proyectos de renovación urbana, recuperando esa inversión mediante el cobro por uso a las empresas de servicios en el tiempo. Un modelo que ya funciona en otras realidades y que podríamos adaptar a la nuestra.
Lograr que nuestros cielos se encuentren libres y despejados para apreciar su inmensidad y colorida belleza no debe ser un sueño lejano; es abrir una puerta a un horizonte urbano seguro. Al despejar la saturación aérea y minimizar este impacto ambiental, devolvemos a nuestro entorno la tranquilidad visual y el orden estético que construyen nuestra calidad de vida y potencian nuestra identidad. Que esa armonía deje de ser el recuerdo nostálgico de Europa y se convierta en nuestra realidad cotidiana. Se trata de que los cielos despejados nos brinden esa tranquilidad y paz que no solo se vea, sino que se sienta, tanto cuando caminamos por nuestras calles como cuando miramos a través de nuestra ventana.
Sandra Bazán es Ingeniera Industrial, Consultora Ambiental y Docente Universitaria.
Foto de cabecera: Calles despejadas de cableado en Londres, Inglaterra.
Referencias bibliográficas (Estilo APA 7.ª edición)
Anichini, F., & Gattiglia, G. (2019). MAPPAproject: Methodologies applied to archaeological potential predictivity. MAPPALab, Università di Pisa. https://www.mappalab.eu/wp-content/uploads/2019/10/MappaProject.pdf
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones [APC]. (2015). Infraestructura compartida ayuda a países en desarrollo a alcanzar el acceso universal. https://www.apc.org/es/news/infraestructura-compartida-ayuda-pa%C3%ADses-en-desarrollo-alcanzar-el-acceso-universal
ASETEL. (2024). Proceso de ordenamiento y soterramiento de redes de telecomunicaciones en Ecuador: normativa, retos y costos. https://asetel.org.ec/proceso-de-ordenamiento-y-soterramiento-de-redes-de-telecomunicaciones-en-ecuador-normativa-retos-y-costos/
Congreso de la República del Perú. (2022). Ley N.° 31595: Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país. Diario Oficial El Peruano.
Cullen, G. (2015). The Concise Townscape. Routledge. (Obra original publicada en 1961)
Decreto Legislativo N.° 1278. (2016). Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 014-2017-MINAM (2017). Ministerio del Ambiente, Perú.
European Composites Industry Association [EuCIA]. (2026). The role of cement co-processing in sustainable waste management. EuCIA Publications. https://eucia.eu/the-role-of-cement-co-processing-in-sustainable-waste-management/
Global Cement and Concrete Association [GCCA]. (2026). Cement industry co-processing should be more widely adopted for global sustainable waste management. GCCA News. https://gccassociation.org/news/cement-industry-co-processing-should-be-more-widely-adopted-for-global-sustainable-waste-management/
Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC]. (2024). Decreto Supremo N.° 007-2024-MTC: Reglamento de la Ley N.° 31595. Diario Oficial El Peruano. https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/decreto-supremo-n-007-2024-mtc.pdf
Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC]. (2026). MTC supervisó retiro de 240 toneladas de cables en desuso a nivel nacional. Plataforma Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1352880-mtc-superviso-retiro-de-240-toneladas-cables-desuso-nivel-nacional
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [Osinergmin]. (2026). Resolución de Consejo Directivo N.° 005-2026-OS/CD: Ampliación de plazo para retiro y soterrado de cableado aéreo eléctrico en Zonas Monumentales. Plataforma Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/osinergmin/normas-legales/7640490-5-2026-os-cd
Pickering, S. J., & Turner, T. A. (2021). Recycling technologies for fiber-reinforced polymer composite wastes and multi-material cables. Journal of Cleaner Production, 292, Article 126011. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126011
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