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Criminalizar aportes a los partidos políticos no garantiza la legalidad de su vida económica

Los aportes dinerarios a los partidos políticos son un problema generalizado, mundial; no es patrimonio exclusivo y excluyente de ningún sistema electoral en el orbe.

Por ejemplo el expresidente Francés Nicolás Sarkozy ha sido recientemente detenido, imputado por recibir aportes ilícitos para su campaña electoral del año 2007[1]; lo mismo sucedió en Brasil Con Luiz Inácio Lula Da Silva[2]; y en Perú, ninguno de los más conocidos políticos está lejos de imputaciones penales por recibir aportes presuntamente ilícitos. De ahí la utilidad de abordar el tema propuesto.

Es útil legalmente, pues existen opiniones a favor de una mayor criminalización; es decir, en torno a la creación de un delito específico. Incluso, se ha gestado una corriente de opinión que abiertamente lo propone. Discrepo con esta “solución express”, otorgada a partir de la utilización de la Ley. Crear un nuevo tipo penal, amenazar con sanción penal ciertos comportamientos, en este caso concreto, relacionados con el funcionamiento económico, con la vida económica de los partidos políticos, no es y nunca será la mejor manera de prevenir actos ilícitos[3].

No en casos en los que ya existe un delito y una pena con la cual se busca conservar el orden social en materia electoral (el lavado de activos por ejemplo). Es decir, los criterios de sobrecriminalizacion y sobre penalización no ayudan, por el contrario, agudizan el problema. Frente a ellos, los criterios de política criminalidad que sustenta el Derecho Penal, tales como el de última ratio, fragmentariedad y de excepcionalidad de la Ley Penal aconsejan que se fortalezcan los sistemas legales en materia electoral, específicamente en el tema de aportes. Sugieren que sea el propio sistema electoral el que resuelva el problema planteado y no el sistema penal; que tiene como razón de ser un criterio última intervención; es decir, cuando los controles anteriores al penal fallen.

Por ello, criminalizar los aportes a los partidos políticos no es la solución; crear un delito específico y amenazar con sanción algunos actos propios al funcionamiento económico de los partidos políticos no es ni será el medio idóneo para prevenir actos ilícitos.

[1]Fuente: www.eldiario.es al 20.03.2018.

[2] Fuente: www.peru21.pe al 20.03.208.

[3] A favor de la criminalización Dino Carlos Caro Coria, El Comercio, página 30, columna de opinión, del 19.03.208.

Colaboración del abogado Dr. Edwin Bustamante, de Bustamante Abogados.

 

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